Cuando fuere necesario el tránsito del reclamado en virtud de una orden europea de detención y entrega o de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad por un tercer Estado miembro, la autoridad judicial de ejecución española lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial de emisión extranjera, para que sea dicha autoridad la que recabe la pertinente autorización a las autoridades del Estado de tránsito.
El derecho internacional reconoce el principio de territorialidad, que establece que los estados tienen jurisdicción sobre los actos cometidos en su territorio. El derecho penal establece que las personas que cometen delitos deben rendir cuentas por esos delitos ante el estado en el que se cometieron.
La extradición es el proceso mediante el cual un estado solicita y entrega a otro estado a una persona que enfrenta cargos penales o que fue condenada en el estado solicitante.
Se ha de aclarar que el concepto de sanción pecuniaria de este instrumento no se refiere solamente a aquella cantidad de dinero exigida en concepto de multa impuesta como consecuencia de la comisión de una infracción, sino también a la impuesta en la misma resolución en concepto de costas judiciales, como compensación en beneficio de las víctimas o destinada a un fondo público u organización de apoyo a las víctimas.
El Título V es el dedicado a la resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional, que permite que un Estado distinto al que impuso la medida de vigilancia pueda supervisar su cumplimiento cuando así le sea solicitado y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. De este modo, se consigue una mejor ordenación de la actuación de los Estados en este ámbito penal y se evita que un residente en un Estado miembro se vea sacado de su entorno como consecuencia de la comisión de una infracción penal durante el tiempo que transcurra hasta la celebración del juicio.
Un año después, la Decisión Marco 2006/783/JAI, de six de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso, permitiría que una resolución dictada en un Estado acordando el decomiso de una serie de bienes, fuera reconocida y ejecutada por un Tribunal del Estado en el que se encontrasen los bienes afectados.
g., NCIC or its overseas counterpart). When somebody whose name is outlined relates to the attention from the law enforcement abroad, the country that sought the listing is notified by Interpol and can ask for either his provisional arrest (if there is urgency) or can file a proper request for extradition.
4. Si la causa de suspensión hiciera previsible que la misma no fuera alzada, se devolverá el formulario o certificado con todo lo actuado a la autoridad judicial de emisión.
Los estados tienen diferentes requisitos para la extradición. En normal, los estados requieren que el delito para el cual se solicita la extradición sea penalizado tanto en el estado requerido como en el estado requeriente.
la Directiva (UE) 2016/1919 relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención.
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El Estado español financiará los gastos ocasionados por la ejecución de una orden o resolución de reconocimiento mutuo transmitida a otro Estado miembro, salvo los ocasionados en el territorio del Estado de ejecución.
Extradición es el proceso mediante el cual un país entrega a otro una persona acusada o condenada de un delito cometido en el segundo país. El objetivo de la extradición es permitir que las personas acusadas de cometir delitos en un país sean juzgadas y, en su caso, condenadas por ese país.
Cualquier dificultad que surja en relación con la transmisión o la autenticidad de algún website documento necesario para la ejecución de un instrumento de reconocimiento mutuo se solventará mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales implicadas o, cuando proceda en relación con una orden europea de detención y entrega o un exhorto europeo de obtención de prueba, con la participación de las autoridades centrales de los Estados miembros.